Existe la creencia de que la Seguridad Social lo cubre todo. En los accidentes de tráfico, no es exactamente así. El hospital público atiende al lesionado, pero después emite la factura sanitaria a una compañía de seguros, porque la ley establece que el coste de la asistencia derivada de la circulación corresponde al responsable del siniestro, no al sistema sanitario.
Para que ese engranaje funcione sin sobresaltos existen convenios específicos. Las aseguradoras, agrupadas en UNESPA, y el Consorcio de Compensación de Seguros mantienen acuerdos con la sanidad pública y con la privada que fijan cómo se factura la atención a los lesionados de tráfico. Varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Asturias y Murcia, acaban de renovarlos para el periodo 2026/2029.
Si el accidente no fue culpa tuya, respira tranquilo. Todos los gastos sanitarios se reclaman íntegramente a la compañía del vehículo responsable, sin límites que valgan. Lo mismo ocurre con los peatones y los ciclistas atropellados: paga la aseguradora del causante y, si el vehículo carece de seguro, responde el Consorcio de Compensación de Seguros.
El conductor que se accidenta solo es el gran punto débil del sistema: su asistencia depende de la cobertura de accidentes del conductor y de sus límites
El problema aparece cuando no hay contrario al que reclamar. Piensa en el motorista que se cae por una racha de viento o en el coche que se sale de la vía sin implicar a nadie más. En 2025, el convenio con la sanidad pública limitaba la facturación del conductor accidentado en solitario a 3.750 euros si iba en moto y a 11.215 euros si conducía un coche, y el traslado en ambulancia computa dentro de ese tope. Del excedente responde el seguro propio, hasta el capital contratado.
En la sanidad privada el escenario es aún más estrecho. El convenio del sector excluye directamente al conductor accidentado sin contrario, incluso cuando el golpe es contra un vehículo correctamente estacionado, de modo que la única red disponible es la que ofrezca la póliza contratada. Ni más ni menos.
Los acompañantes juegan con otras reglas. Quienes viajan en el vehículo siniestrado están cubiertos por la responsabilidad civil obligatoria y la voluntaria aunque el conductor sea el culpable, así que su asistencia sanitaria queda garantizada en cualquier circunstancia.
Aquí es donde cobra sentido una garantía a la que pocos prestan atención al firmar: la de accidentes del conductor. Además de un capital por fallecimiento o invalidez, cubre los gastos de curación, con límites que suelen oscilar entre los 3.000 y los 30.500 euros, aunque en centros concertados por la compañía la cobertura puede alcanzar el 100%. Ojo también al límite temporal: lo habitual es un año desde el siniestro, y solo algunas pólizas llegan a tres.
Un caso real ayuda a dimensionar el riesgo. La fractura con luxación de un tobillo, sufrida por el conductor de un ciclomotor en una caída sin contrario, generó una factura de 8.000 euros en un centro sanitario público. En las pólizas más baratas de ciclomotor y motocicleta, algunas de las cuales ni siquiera permiten contratar los gastos de curación, ese dinero sale del bolsillo del asegurado.
Quedan dos matices que conviene conocer. Si el siniestro ocurre yendo o volviendo del trabajo, se considera accidente laboral in itinere y los gastos corren a cargo de la mutua colaboradora con la Seguridad Social. Y ante cualquier molestia hay que acudir a urgencias dentro de las 72 horas siguientes al golpe: pasado ese plazo, la aseguradora puede cuestionar el nexo causal entre el accidente y la lesión.
La conclusión es clara, sobre todo para quien va sobre dos ruedas, donde la carrocería es el propio cuerpo. Antes de contratar un seguro conviene examinar la garantía de accidentes del conductor, su capital, su límite temporal y su red de centros, porque el día del siniestro ya no hay nada que negociar. Y en esto, lo barato puede salir carísimo.